**¿Puede el *déficit cero* promover mejores políticas públicas?** Estimada persona lectora, frente a esta tumultuosa y frenética coyuntura, le propongo un ejercicio mental montado sobre un horizonte de mediano plazo. Lo hago en parte para despuntar el vicio, pero también convencido de que la especulación puede resultar capaz de iluminar ciertas regiones de la realidad que, muchas veces, el crudo "realismo" pasa por alto. Comencemos. El profesor Luis Aguilar Villanueva ---gran impulsor e introductor del estudio de las políticas públicas en el contexto latinoamericano--- ha machacado una y otra vez, siguiendo una consolidada tradición democrática, que un gobierno democrático gobierna a través de *políticas*. En este sentido, poco importa si el gobierno de turno tiene una orientación liberal o socialista, si se declara abiertamente globalifílico o globalifóbico, etc. Lo relevante es que tiene que gobernar mediante políticas públicas. Imbuido de un afán simplificador, se podría afirmar que, cualquiera fuere su orientación político-ideológica, las políticas públicas deberían cumplir tres requisitos: dado un conjunto de restricciones, propender a la eficiencia; frente a las demandas ciudadanas legítimas, procurar eficacia; y, finalmente, asegurar que, en su formulación e implementación, todos los ciudadanos sean tratados equitativa e imparcialmente. Así, en la medida que se encuentren presentes estos tres requisitos, se podría afirmar que las políticas públicas estarían adecuadamente institucionalizadas dentro de un régimen democrático. Durante los últimos años, los diferentes públicos ciudadanos han atestiguado la carencia de institucionalización de las políticas públicas no solo a través de múltiples registros noticiables sino, incluso, por medio de verdaderos escándalos. Si bien algunos "asuntos" relacionados con la formulación, con la implementación y, especialmente, con la evaluación de las políticas han adquirido fuerza propia en la opinión pública, muchos otros han quedado solamente registrados en trabajos científicos y una gran mayoría todavía resultan desconocidos y, por tanto, no registrados ni analizados. Resulta redundante, pero parece todavía necesario insistir en que la débil institucionalidad de las políticas públicas en Argentina es una deuda que mantienen tanto políticos como burócratas para con la democracia y sus ciudadanos desde Alfonsín hasta nuestros días. Ahora bien, descrito el contexto propongo una pregunta: ¿el "criterio" político del *déficit cero* puede coadyuvar al mejoramiento de la institucionalización de las políticas públicas en la Argentina actual? Sobre este interrogante se monta la especulación. El *déficit cero,* en tanto ideal normativo o principio político, no es otra cosa más que una declaración formal carente de interés práctico ni poder performativo. Sin embargo, *déficit cero,* en tanto criterio estructurador del presupuesto nacional, constituye una verdadera política económica. Una política económica que, aguas arribas, se nutre de una economía política que el gobierno declara liberal-libertaria y, que aguas abajo (o, mejor dicho, debajo del agua), hace competir a las diferentes oficinas gubernamentales (y a sus actores políticos asociados) dentro de una restricción presupuestal políticamente infranqueable para el Ejecutivo. En tanto criterio, la economía política del actual gobierno guía el déficit cero del siguiente modo: el gasto público depende de los ingresos fiscales. Al eliminar del horizonte político la posibilidad de endeudarse y emitir, entonces, los incrementos presupuestales van a depender del crecimiento económico. Así, el eslogan que reza que la mejor política económica es no tener ninguna, encuentra su asidero así: solo una baja de alícuotas impositivas (y la eliminación de algunos tributos) permite el crecimiento, siendo este la única garantía de que el gasto se pueda incrementar en el mediano-largo plazo. Mientras tanto, en el corto plazo, el presupuesto está virtualmente congelado o fijo, abriendo, así, una frenética competencia entre oficinas y actores políticos por hacerse de una porción más grande en desmedro de los más incompetentes. Es en esa competencia en donde se abre una ventana de oportunidad para que políticos y burócratas comiencen un proceso de mejora y fortalecimiento de la institucionalidad de las políticas públicas. Competir por porciones fijas genera incentivos para mejorar la eficiencia, la eficacia y la evaluación, sobre todo pensando que las oficinas gubernamentales y sus actores políticos asociados tendrán que buscar la aprobación pública para generar apoyos políticos extras. Para que la ventana de oportunidad se mantenga abierta tendrían que suceder, de manera simultánea, dos cosas: una, que el gobierno tenga un verdadero interés en que se discuta y apruebe el presupuesto (algo que muchos actores políticos ponen en duda) y, la otra, que la lógica subyacente a este período presupuestal se mantenga en los próximos (situación que no parece firme para todos los actores políticos involucrados en dicho proceso). Cabe destacar, sin embargo, que esta ventana de oportunidad está lejos de insertarse en un contexto ideal, pero, aun así, es una pequeña hendija que permite que la opinión pública y los ciudadanos fuercen a que los actores políticos y la burocracia comiencen a prestarle la atención debida a la institucionalidad de las políticas públicas. La hendija está ahí a pesar de que reine cierta arbitrariedad dado que la Jefatura de Gabinete sigue manteniendo una enorme tajada destinada a políticas gubernamentales (es decir, casi discresionales para servir a los intereses del gobierno) o que el Ejecutivo, vía la SIDE, se sirva con un cucharón para alimentar políticas de Estado (léase razón de Estado). Para finalizar, no resulta relevante en este análisis como Usted o yo valoremos (moral o políticamente) el criterio del *déficit cero* o si el Ejecutivo quiere o no mejorar la institucionalidad de las políticas públicas. La ventana de oportunidad se abrió, dependerá de nosotros qué podemos hacer con ella. En otras palabras, de cómo competirán los actores políticos en este entorno de restricción y del juicio ciudadano sobre ellas.